Autor: Territorio
Armería, Col.- Este domingo, manifestantes de la Caseta de Cuyutlán fueron agredidos físicamente por el grupo de golpeadores presuntamente contratados por la empresa concesionaria para tratar de impedir el paso libre por ese lugar.
La maestra María Guadalupe Escobar Hernández, una de las manifestantes, fue golpeada en la cara por una mujer perteneciente al grupo de choque, mientras los agentes de la Policía Federal presentes en el lugar observaron la escena con indiferencia.
Cuando los manifestantes le reclamaron su inacción al oficial a cargo de los elementos de la Policía Federal, éste eludió el asunto con el argumento de que no vio la agresión y sólo sugirió que la agredida presentara denuncia.
No hizo caso a las exigencias de los manifestantes, quienes le exigían no ponerse del lado de la empresa concesionaria, sino de los ciudadanos que son quienes pagan los sueldos de los policías con sus impuestos.
La mañana del domingo, cuando llegaron los manifestantes del Congreso Nacional Ciudadano (Conaci) ya eran esperados por el grupo de golpeadores, entre quienes había hombres y mujeres vestidos con playera azul, quienes estuvieron bloqueando los carriles para impedir que pasaran vehículos sin pagar la caseta.
Se dio el caso de un automóvil en el que viajaba una familia que permaneció bloqueado alrededor de 40 minutos, hasta que después de muchas protestas por lo que fue interpretado como privación ilegal de la libertad, situación que advirtió la revista Territorio, la policía abrió paso para que pudiera circular, no sin antes advertir al conductor que si volvía a pasar sin pagar sería infraccionado.
Antes de dejarlo pasar, el policía recomendó al personal de la caseta que tomara las placas del vehículo, por lo que el conductor se fue prácticamente amenazado por quien debía de protegerlo.
Desde hace varios meses, cada vez son más los incidentes que ocurren en la caseta, entre ellos golpes, amenazas y otros, sin que actúen las autoridades federales ni intervengan para garantizar la libertad de tránsito ni la libre circulación de las ideas.
Por el contrario, los elementos federales han permitido las agresiones a los manifestantes y se han puesto del lado de la concesionaria Pinfra, cuyo accionista mayoritario, David Peñaloza, ha sido beneficiario de jugosos contratos de parte del gobierno federal desde la época de Carlos Salinas de Gortari.
Aunque el Congreso del Estado anunció que se integraron los trabajos para analizar la validez o no de la concesión que actualmente detenta Pinfra, tomando en cuenta que ya se venció el plazo estipulado y supuestamente el gobierno le amplió el plazo de una manera casi secreta sin informar los motivos a la sociedad.