Autor: Territorio
COLIMA, Col.- El nombramiento de la abogada María Elena Díaz Rivera como
magistrada del Tribunal Electoral del Estado (TEE), por parte del Senado de la
República, provocó muestras de inconformidad entre sectores sociales,
porque a juicio de organizaciones en su papel de delegada de la Procuraduría
Agraria en el estado fomentó la violencia y divisionismo en la comunidad
indígena de Zacualpan.
En marzo de 2016, después de más de dos años de denuncias en su contra,
Díaz Rivera dejó su puesto en la dependencia federal.
Y sin tomar en cuenta lo anterior la Cámara de Senadores dio su beneplácito
para que se incorporara al TEE.
Una de las acusaciones que la exdelegada de la PA enfrentaba era haber
favorecido en Zacualpan a un grupo conformado por seguidores del PRI y
personajes afines al gobierno estatal.
Desde finales de 2013 se conformó en la comunidad el Consejo Indígena por
la Defensa del Territorio de Zacualpan (CIDTZ), con el fin de luchar contra la
explotación de una mina de oro descubierta en este lugar.
En noviembre de 2015, la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema)
exigió a la Procuraduría Agraria (PA) agilizar las investigaciones contra la
delegada de esa dependencia en esta entidad, María Elena Díaz Rivera,
acusada de violar la ley y provocar divisiones entre los habitantes de la
comunidad indígena de Zacualpan.
Mediante un pronunciamiento la organización solicitó a Fernando López
Téllez, director general de quejas y denuncias de la PA, “una rápida
investigación penal y administrativa” a la denuncia presentada contra la
funcionaria federal.
De acuerdo con la Red, luego de que en noviembre de 2014 la mayoría de
comuneros de Zacualpan eligió en una asamblea legal a su mesa directiva,
encabezada por Taurino Rincón Lorenzo, recientemente Díaz Rivera expidió
una nueva convocatoria para tratar de destituirlo, en beneficio del grupo del
expresidente de Bienes Comunales Carlos Guzmán Teodoro, quien
inicialmente promovió que la comunidad autorizara la explotación de la mina
en su territorio.
Por la vía judicial, el CIDTZ logró que un juez federal dictara una suspensión
definitiva de la convocatoria, por lo que la delegada de la PA interpuso un
recurso de revisión y, sin que éste se hubiera resuelto, realizó una asamblea a
la que acudieron 90 personas, entre comuneros y avecindados, de un padrón
total de 307 comuneros, en la que fue destituida la mesa directiva.
Ante esta circunstancia, la Red exigió al Registro Agrario Nacional que “se
mantenga dentro de la legalidad y por ningún motivo registre un acta que no
cuenta con el quórum legal o que colectó firmas extemporáneas”, y demandó
a la Procuraduría Agraria la “revisión exhaustiva” de los procedimientos que
actualmente se siguen para nombrar delegados en los estados.
En la actualidad, tras el nombramiento de Díaz Rivera como magistrada
electoral, el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) emitió
el siguiente comunicado:
“En Morena Colima rechazamos enérgicamente el reciente nombramiento de
María Elena Díaz Rivera como Magistrada del Tribunal Electoral del Estado de
Colima, ya que en su actuar, ha demostrado total parcialidad en favor del PRI
y de los grupos de poder en la entidad.
“El día de hoy, el Senado de la República decidió premiar a tan cuestionada
funcionaria con un nombramiento que debería otorgarse a personas con
probada ética y responsabilidad democrática, características de las que
adolece Díaz Rivera.
“No olvidamos que por su complicidad con el gobierno del estado y con
personas ligadas al PRI, fue una de las principales causantes de la situación de
violencia y división en la comunidad indígena de Zacualpan, cuando se
desempeñó como delegada de la Procuraduría Agraria, mostrando una nula
disposición para atender las demandas de los afectados y favoreciendo a
grupos violentos al interior de la comunidad, desatendiendo la petición de
hacer respetar la voluntad del pueblo que optó por no permitir la instalación
de un proyecto minero y peor aún, aliándose con los empresarios mineros.
“Tampoco olvidamos que fue ella quien inició una campaña de odio y
criminalización contra activistas, defensores y defensoras de derechos
humanos que solidariamente se sumaban a los esfuerzos de la comunidad
por preservar su territorio y su medio ambiente.
“Es claro que el desempeño de la ex delegada de la Procuraduría Agraria es
apoyar y consumar los atropellos que el régimen de corrupción lleva a cabo
contra el pueblo. Además, es preocupante que ante las elecciones que se
avecinan, los grupos de poder en Colima, estén moviendo sus piezas para
preparar otro fraude electoral porque saben que los resultados en las urnas
no les favorecerán.
“Por ello, colocan a sus más fieles sirvientes en puestos clave que los
ayudarán a seguir reproduciendo prácticas fraudulentas para mantener sus
privilegios.
“En Morena Colima estaremos pendientes de su actuar y no dudaremos en
señalar y tomar las medidas necesarias para frenar las prácticas
antidemocráticas, autoritarias y mañosas de la ahora Magistrada.
“Nuestra lucha es por la democracia, por el bienestar social y por la
regeneración de las instituciones del estado y del país”.