Autor: Territorio
Además de la sanción de inhabilitación propuesta por el órgano fiscalizador contra el exsecretario de Desarrollo Urbano, José Fernando Morán Rodríguez, por su presunta implicación en irregularidades en el Sistema Estatal de Financiamiento para el Desarrollo Económico del Estado de Colima (Sefidec), el Congreso del Estado propuso una sanción económica resarcitoria directa por 439 mil 511 pesos contra el mismo exfuncionario.
Sin embargo, esta última se refiere a otro asunto, pues según el Informe de auditoría excepcional del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (Osafig), Morán Rodríguez habría gestionado y autorizado el trámite de pago por concepto de suministro e instalación de bastidores y 19 poleas en 137 espacios WIMAX a favor de Karewi Viridiana Flores Eusebio, de las cuales no se acreditó su real y efectiva prestación por parte de dicha persona.
Esta irregularidad fue incluida dentro del dictamen presentado al pleno por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización del Congreso del Estado, que tras aprobarlo lo turnó a la Comisión de Responsabilidades, instancia que deberá desahogar el procedimiento y presentar las conclusiones finales.
Por lo tanto, en caso de que se confirmen las propuestas de sanción en su contra, el actual regidor del Ayuntamiento de Manzanillo quedaría inhabilitado para ocupar cargos públicos durante un periodo de 10 años y tendría que devolver a las arcas públicas los 439 mil 511 pesos cuyo paradero se desconoce por no haberse acreditado la realización de los trabajos.
Antes, en su informe sobre el manejo de los recursos del Sefidec, el Osafig señaló a Morán Rodríguez, junto con el exsecretario de Fomento Económico,
Rafael Gutiérrez Villalobos, de haber omitido su responsabilidad de realizar las acciones preventivas de vigilancia para el cumplimiento del Convenio de Cooperación celebrado con la empresa NPG LATAM, S.A. de C.V. para la instalación de una fábrica ensambladora de televisiones en el municipio de Tecomán.
Esta ausencia de vigilancia tuvo como consecuencia el incumplimiento de la empresa en la aplicación de los financiamientos y demás recursos económicos por 30 millones de pesos otorgados por el Sistema Estatal de Financiamiento para el Desarrollo Económico del Estado de Colima (Sefidec), para la ejecución de las obras de infraestructura y de operación de la fábrica.
En el dictamen aprobado recientemente por el Congreso local, además de Fernando Morán Rodríguez aparecen doce funcionarios más del gobierno de Mario Anguiano Moreno para los que se proponen sanciones por malos manejos administrativos, que en total tendrán que reintegrar al erario un monto de más de 170 millones de pesos.
Para el ex Gobernador Mario Anguiano Moreno se aprobó proponer una sanción económica resarcitoria directa por 38 millones 570 mil 170 pesos y una inhabilitación de 14 años para ejercer cargos públicos.
Estas propuestas de sanción son por la presunta falta de registro contable a una donación que hizo PEMEX al Gobierno del Estado de 3 mil 400 toneladas de asfalto, 130 mil 200 litros de gasolina magna y 118 mil litros de diesel, en las que presumiblemente se omitió un procedimiento eficaz y transparente para designar las empresas que custodiaron el combustible, además de la falta de control para verificar que sí se hubieran aplicado los combustibles en vehículos del Gobierno del Estado.
También para el exgobernador la Legislatura propuso una sanción económica resarcitoria subsidiaria por 6 millones 578 mil 515 pesos, pues el Informe del Osafig considera que omitió vigilar la comprobación de gastos de un fondo revolvente asignado a Carlos Alberto Ceballos Radillo y Carmen Yolanda Núñez Sosa, su ex secretario Privado y la ex administradora en la Coordinación General Administrativa.
Por esa observación no solventada, el Congreso del Estado propuso sancionar directamente con 4 millones 066 mil 401 pesos a Ceballos Radillo y con 2 millones 733 mil 963 pesos a Núñez Sosa para resarcir el daño, además de una propuesta de inhabilitación por 4 años para desempeñar empleos en el servicio público para el primero y de tres años para la segunda.
Para Anguiano Moreno se propuso también una sanción de inhabilitación por 9 años para ejercer cargos públicos, pues en 2013 y 2014 el Osafig acreditó que el Poder Ejecutivo del Estado erogó en nómina de la burocracia estatal mil 867 millones 696 mil 154 pesos de más a los autorizados en el Presupuesto de Egresos.
Por esa observación que para al ex gobernador se proponen 9 años de inhabilitación, el Congreso propuso sancionar a Jesús Orozco Alfaro, ex secretario de Finanzas y Administración con tres años de inhabilitación, debido a que él ejerció ese cargo de enero a septiembre del año 2013.
Esa misma sanción fue propuesta para Clemente Mendoza Ramírez, secretario de Finanzas y Administración de septiembre de 2013 a septiembre de 2014, y para Blanca Isabel Ávalos Fernández, quien ocupó ese cargo de septiembre de 2014 a noviembre de 2015.