Rogelio Guedea
La semana pasada se presentaron a Diario de Colima, con pruebas en mano, los abogados Héctor Alberto Romero Fierros y Zoila Gutiérrez Avelar para alertar a la población del cierre del Colegio Inglés, esto derivado de un adeudo millonario que tiene el Colegio y que no se ha cubierto. El adeudo asciende a los 180 millones de pesos, por lo cual el Juez Noveno en Materia Civil del Estado de Jalisco ordenó el pasado 3 de abril el correspondiente desalojo del demandado de los bienes inmuebles que, digamos los vulgarmente, constituyen el edificio del Colegio Inglés, haciendo uso de la fuerza pública de ser necesario. Al siguiente día de la nota de Diario de Colima se presentaron al mencionado rotativo el representante legal del Colegio Inglés, Benjamín Luna Alatorre, y otros directivos del colegio, para desmentir la nota aparecida un día anterior y para indicar, sin negar la existencia del litigio en el que se encuentran los propietarios y/o directivos del Colegio, siendo los principales Ana Patricia Dávalos Alcocer y José Carlos Morán González, que la información difundida por Diario de Colima era sesgada y para negar que el referido centro educativo cerraría sus puertas, ya que no había ninguna orden en virtud de que el plantel “está lícitamente permitido para continuar con las inscripciones y seguir los cursos, porque no hay ninguna orden que lo prohíba”, agregando además que se “dictó una sentencia en contra de personas muy distintas a la operación del Colegio” y que “nunca jamás dice que va a parar el Colegio”, lo anterior aun cuando desde el inicio aparecen como demandados, entre otros, los referidos Ana Patricia Dávalos Alcocer y José Carlos Morán González, quienes fueron demandados por los señores Armando Alcocer de Anda y otros al parecer familiares de Ana Patricia Dávalos Alcocer, a quienes ésta no les pagó un préstamo que le hicieron y que reconoció como deuda ante la misma autoridad judicial. Más allá del litigio judicial por el que atraviesa el Colegio Inglés, lo cierto es que el centro educativo (que parece un rentable negocio familiar que ya involucra a hijos, nueras y demás) ha despertado mucha incertidumbre entre la población principalmente por la falta de claridad con la que trató el caso la institución educativa y, por el contrario, por la contundencia con que los abogados del demandante presentaron ante los medios sus pruebas, pues la réplica a la declaración del apoderado legal del Colegio Inglés y demás directivos fue una carta en donde públicamente anuncia su disposición de poner a favor de padres de familia y autoridades educativas los expedientes respectivos, mismos a los que, gracias a esta disposición, yo he tenido acceso. El Colegio Inglés, por su parte, cuando pedí pormenores sobre el caso a sus directivos, sólo contestaron con evasivas y con información, esa sí, sesgada. ¿Quién, pues, tendrá la verdad? Para los que no tienen ninguna relación con el Colegio Inglés, da lo mismo quién la tenga, pero para quienes tienen una relación con este centro educativo, lo mejor sería que se informaran bien sobre el asunto o que fueran bien informados sobre el mismo para que después nadie se llame a sorprendido. Por lo pronto, desde mi punto de vista y de acuerdo a lo anteriormente expuesto, dada la situación actual el Colegio Inglés queda bajo una dura sombra de desprestigio, que no hace sino generar desconfianza en la sociedad colimense.