**La presidenta de Manzanillo autorizó un incremento por arriba del 80% a salarios de sus
funcionarios de primer nivel, pero se negó a aumentarle a los trabajadores sindicalizados
únicamente el 6% **Tan sólo el tesorero, Eduardo Camarena, quien está demandado por desvío
de recursos, percibe 110 mil pesos mensuales **Diputadas y diputados piden se hagan las
investigaciones correspondientes, Griselda Martínez podría ir a prisión.
Autor: Territorio
Afectando el dinero del pueblo e ignorando a los trabajadores sindicalizados, la presidenta
municipal de Manzanillo, Griselda Martínez Martínez, reconoce un “retabulado”, un incremento
del 82.92% a los sueldos de sus amigos y familiares, los funcionarios de primer nivel y directores
generales. Mientras, se ha negado rotundamente a aumentar únicamente el 6% a los trabajadores
sindicalizados. El dinero del pueblo no va para la clase obrera, la alcaldesa lo destina para la gente
que ha metido a trabajar desde el año pasado a la administración pública municipal.
A criterio de las y los Diputados del Congreso Local, el incremento para los amigos de la presidenta
en el ayuntamiento ha sido de manera irregular e ilegal, por lo que piden se investigue a Griselda
Martínez y a quienes resulten responsables, por autorizar la erogación extraordinaria sin techo
financiero y al ostentar la calidad de “servidores públicos”, tal como lo dispone el artículo 121 de
la Constitución General del Estado, en relación con el diverso 131 de la Ley del Municipio Libre.
Las y los legisladores recuerdan que la sesión en la que se incrementaron los salarios se llevó a
cabo recién ingresaron a laborar, el 08 de noviembre del año 2018, por lo que no existía suficiencia
presupuestal que permitiera aumentarse el salario con justificación alguna, máxime que a los
proveedores y contratistas que tienen pagos pendientes no se les ha saldado, contraviniendo lo
dispuesto en el artículo 3 de la Ley que fija las bases para la remuneración de los servidores
públicos en el Estado de Colima.
Aunado a lo anterior, los funcionarios municipales se encontraban impedidos en modificar el
Presupuesto de Egresos para cubrir las remuneraciones que indebidamente se autorizaron,
haciéndose acreedores, considera el Congreso del Estado conforme a la ley, de seis a cuatro años
de prisión, multa hasta por ciento cuenta días de salario mínimo e inhabilitación hasta por un
término igual al de la pena corporal impuesta para desempeñar empleo, cargo o comisión público.
CAMINO A LA CÁRCEL
Durante la Sesión Pública Ordinaria No. 16, celebrada el pasado 27 de junio, las y los Diputados
que integran la Novena Legislatura Local aprobaron un Punto de Acuerdo, presentado por el
diputado Luis Fernando Escamilla Velasco, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde
Ecologista de México (PVEM), en el que se le solicita al Órgano Superior de Auditoría y
Fiscalización Gubernamental del Estado de Colima (Osafig), investigar el incremento de sueldos
irregulares que se autorizaron los funcionarios del Ayuntamiento de Manzanillo y las posibles
irregularidades en el procedimiento.
En tal sentido se giró el Oficio No. DPL/623/2019, dirigido al Auditor Superior del Estado, Indira
Isabel García Pérez, para que lleve a cabo la auditoría respectiva con el propósito de demostrar los
malos manejos de la alcaldesa Griselda Martínez, y en su caso emitir las sanciones
correspondientes. Del documento se da vista a la Fiscalía General del Estado, para que en caso de
ser necesario, proceda en contra de la presidenta de Manzanillo y quien o quienes resulten
responsables de las conductas irregulares y reparen los daños generados a la Hacienda Pública
Municipal.
De las investigaciones podría desprenderse el que se comprueben las irregularidades que la
administración municipal de Martínez Martínez ha estado cometiendo con daño al erario, por lo
que podría ir a la cárcel en próximas fechas, así como pagar una multa y ser inhabilitada, conforme
al ordenamiento legal correspondiente.
TODO PARA SU GENTE, NADA PARA TRABAJADORES
Desde el mes de diciembre de 2018, el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento, DIF
y Organismos Descentralizados de Manzanillo, presentó al Ayuntamiento un pliego petitorio para
los efectos de revisión a favor de los integrantes del sindicato. Si bien a la fecha se han resuelto
algunos contratos contractuales, no se ha logrado destrabar el Contrato Colectivo que debe regir
la relación laboral con el ayuntamiento. La señora Griselda Martínez, en vez de atender a los
trabajadores y líderes sindicales, se ha dedicado a amedrentarlos y reclamarles, desvirtuando la
figura presidencial al echar abajo el diálogo y conciliación con los trabajadores.
“La presidenta se ha empeñado en desconocer los derechos que hemos obtenido a los largo de
más de 40 años de lucha sindical, se ha negado a reconocer la homologación salarial. Su
argumento es porque su tesorero le ha dicho que no proyectó el incremento salarial, nosotros le
hemos demostrado que el presupuesto está hecho con las patas, toda vez que maquilló números
para decirle a la presidenta que somos una carga”, declaró en rueda de prensa el dirigente
sindical, Joel Salgado Acosta.
Cabe destacar que el tesorero del Ayuntamiento de Manzanillo, Eduardo Camarena Berra, se
encuentra bajo investigación en el expediente 162/2017, por el desvío de más de 71 millones de
pesos de Pensiones. Además, existen 240 demandas en el Tribunal por falta de pago de
prestaciones, pero un total de 142 ya fueron perdidas por el Ayuntamiento de Colima –en donde
Camarena estuvo también como tesorero-, y será la actual administración quien asuma la
responsabilidad. No obstante, este funcionario gana 110 mil pesos mensuales actualmente.
Pero quien habla mal del tesorero es “castigado”, destacó la regidora porteña Martha Leticia Sosa
Govea, quien el pasado viernes 19 de julio se mostró sorprendida, cuando al incorporarse a la
sesión de Cabildo, le notificaron que había sido destituida de la Comisión de Hacienda. “Fue una
propuesta de la presidenta y lamentablemente fue aprobada por la mayoría del cabildo que la
respalda, debido a que les molesta que siempre digo la verdad sobre las acciones del tesorero”,
dijo al agregar que el incremento para trabajadores sindicalizados no ponía en crisis al municipio.
El secretario general del Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Colima, Héctor Arturo
León Alam, expuso en días pasados que los trabajadores sindicalizados del Ayuntamiento de
Manzanillo deben presentar la demanda correspondiente, porque si la presidenta Griselda
Martínez le sigue haciendo caso a Eduardo Camarena, todo terminará en demanda y en perjuicio
para los trabajadores y el pueblo de Manzanillo.
