La Coordinadora Socialista Revolucionaria (CSR), en conjunto con algunos ciudadanos y estudiantes,
dieron a conocer a través de las redes sociales, que comenzaría a recolectar firmas contra el alza en
el transporte público que los concesionarios y la Secretaría de Movilidad han estado comentando en
las últimas semanas.
Integrantes de la CSR comentaron que con el pretexto del descuento universal para estudiantes, los
concesionarios del transporte público buscarán que la tarifa en el transporte se incremente a $10 sin
el compromiso de mejorar las unidades.
Agregaron que se oponen categóricamente al aumento, ya que las y los usuarios del transporte
público, que son estudiantes y trabajadores, quienes lo usan diariamente, destinan una parte
importante de su salario por el servicio, el cual tiene serias deficiencias; reafirmando que “no
estamos dispuestos a pagar por unidades están en mal estado, por una baja frecuencia y la ausencia
de paraderos adecuados.
Además comentaron que los concesionarios justifican el aumento a la tarifa con la entrada en vigor
el descuento universal, sin embargo, un estudio hecho por expertos en movilidad invalida el
aumento ya que el 70% de las y los estudiantes de entre 6 y 11 años 70% van a sus escuelas
caminando, lo que significa que solo habría 4 mil usuarios más en todo el Estado, lo que dividido
entre los diferentes municipios y rutas, se trata de un número muy bajo.
Comentaron que el mismo gobernador del estado reconoce esta estadística, y agregaron que los
camiones gastan la misma cantidad de combustible y tienen el mismo desgaste lleven o no pasaje,
por lo cual no encuentran justificación para el aumento.
Recordaron que en 2017, los concesionarios incrementaron la tarifa de $6 a $8 con la condición de
que se capacitará a los operadores, se renovará el parque vehicular, se cumpliera con los horarios
especialmente los fines de semana, se formalizará el trabajo de los operadores, se instalarán
paraderos oficiales, se mejoraran las unidades y se incrementará en un 20% la frecuencia, cuestión
que a tres años de ese último aumento no se ha cumplido.
En cuanto a los choferes de las unidades comentaron que “son trabajadores bajo condiciones
laborales precarias, sin sueldo fijo, prestaciones de ley ni seguridad social, con largas jornadas de
trabajo, sin horarios asignados para comer o hacer sus necesidades y expuestos a la inseguridad que
impera en Colima.”
Cabe recordar la manifestación en 2017, cuando fue asesinado a golpes un chofer al negarse a ser
asaltado por segunda ocasión, pues tendría que endeudarse más con su patrón.
Comentaron que el aumento se trata de un “berrinche político, pues los concesionarios quieren
demostrar que tienen el control de la movilidad, un tema que debería abordarse ante todo como un
servicio público y no como un negocio.”
Finalmente dijeron que rechazan el aumento de la tarifa y exigieron a los Diputados, Gobierno del
Estado y los demás miembros de la Comisión Mixta que no cedan ante los chantajes de los
concesionarios“; además de que exigieron a la Secretaría de Movilidad que cumpla con el
compromiso de accesibilidad al transporte, el cual es opuesto a dicho aumento; además de que “si
los concesionarios no pueden brindar un servicio de calidad, accesible a las mayorías populares y
otorgar seguridad laboral a los choferes, que dejen la concesión.”
