La senadora del Partido Verde, Gabriela Benavides Cobos, presentará este jueves ante el pleno del Senado un exhorto para solicitar a la Secretaría de Función Pública verificar el cumplimiento de la concesión y sus modificaciones otorgada a la empresa “Promotora de Autopistas del Pacífico S.A de C.V” (PRINFA) para explotar el tramo carretero Armería- Manzanillo, toda vez que inicialmente se otorgó por 9 años y ahora tiene un permiso de explotación por 60 años.
Señaló que en caso de encontrarse irregularidades, solicitará sanciones a los servidores públicos responsables, además de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes inicie el proceso de nulidad y/o revocación de la concesión.
La senadora por Colima, explicó que dicha concesión, otorgada por 9 años y tres meses en 1990 debió haber concluido en 1999, sin embargo se fue ampliando con modificaciones al contrato que resultan violatorias de la Ley de Vías Generales de Comunicación y la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.
Esta situación, comentó la legisladora, generó desde el 2012, manifestaciones en la caseta de cobro de peaje de la empresa PRINFA, en la cual se han registrado agresiones físicas y verbales entre manifestantes, periodistas, policía federal y personal de seguridad de la caseta, contratado por dicha empresa.
Asimismo, el 11 de julio de 2018, el Gobernador el estado de Colima solicitó mediante oficio, al titular de la SCT, la nulidad y /o revocación del título de concesión y ante la respuesta negativa, el estado de Colima promovió un juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, sala Guadalajara, que actualmente está en proceso de revisión; además de que el 27 de septiembre del mismo año el senador Joel Padilla Peña presentó un exhorto para que la SCT se pronunciara por la nulidad.
“Ante esta serie de injusticias cometidas contra el pueblo de Colima y en general contra todos aquellos que transitan por la carretera Manzanillo-Colima, no podemos quedarnos con los brazos cruzados, es urgente seguir insistiendo con la finalidad de obtener una respuesta positiva a la legalidad”, argumentó la senadora, quien señaló que más de mil quinientos vehículos transitan por la caseta de Cuyutlán, tan solo en una hora. De los cuales, por lo menos un 40 por ciento son de carga pesada que eleva los precios, desde $350 hasta $760 por unidad.
“La concesión en cuestión, legalmente debió haber quedado sin efectos desde hace casi dos décadas, por eso la importancia de que la Secretaría de Comunicaciones y Transporte de la administración federal 2018-2023, no haga caso omiso a las irregularidades que se han venido dando desde el año 1994 con la primera de las ampliaciones.” concluyó.