Autor: Territorio
Armería, Col.- Integrantes del Congreso Nacional Ciudadano tomaron durante casi siete horas la caseta de cobro de la carretera Colima-Manzanillo, a la altura del poblado de Cuyutlán, y permitieron el paso libre a los automovilistas.
Encabezada por Salvador Mejía Novoa y Salomón Sierra Gallegos, fundador y coordinador general de la organización, la movilización pacífica se produjo en el marco de un fuerte dispositivo de seguridad, con la presencia de agentes de la Policía Federal (PF), de elementos de corporaciones estatales, de un notario público y de un representante de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima.
Aunque inicialmente la empresa concesionaria pretendió frustrar la protesta solicitando a la PF el cierre de la autopista con el pretexto de que realizaría trabajos de mantenimiento precisamente en un tramo aledaño a la caseta, la presión de los manifestantes obligó a reabrir el paso.
Ante el cuestionamiento de los miembros del Congreso Nacional Ciudadano, el comandante Inocencio Arrieta explicó que la empresa solicitó por escrito a la PF el cierre de la carretera y que será ella misma la que tendría que justificar los trabajos realizados.
Después de la reapertura, el jefe policiaco comentó que su presencia en ese lugar tenía como finalidad resguardar la seguridad de los propios manifestantes y prevenir el riesgo de un accidente.
Por su parte, para dar fe de los sucesos, estuvieron presentes el licenciado Alejandro Espinosa, visitador de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, y el licenciado Marcelino Romero Vargas, notario público número 3 del municipio de Manzanillo.
Inicialmente, personal supuestamente vinculado a la empresa concesionaria había colocado alambre de púas y tablas con clavos para evitar el paso de los vehículos o provocar que éstos se dañaran al pasar, pero esos obstáculos fueron retirados también debido al reclamo de los activistas.
Los representantes del Congreso Nacional Ciudadano informaron que esa jornada de protestas, que concluyó a las 5 de la tarde, formó parte de una movilización realizada a nivel nacional, bajo el amparo del artículo 39 Constitucional, que establece que los ciudadanos “somos mandantes, no esclavos”.
Denunciaron que la caseta de peaje de Cuyutlán es una de las más caras del país, debido al monto que cobra por un tramo muy pequeño de carretera, entre los municipios de Armería y Manzanillo.
Dijeron que ninguno de los manifestantes había acudido a protestar a cambio de algún pago, sino que todos lo hicieron por su propia voluntad, con el propósito de defender el derecho al libre tránsito.
En relación con la duración de la concesión de las carreteras, indicaron que se habían otorgado por un plazo de veinte años, que ya se vencieron, pero después hubo una ampliación por nueve años más, que está por concluir, por lo que exigieron la liberación absoluta de las carreteras del país para la libre circulación.