Autor: Territorio
En los últimos dos años, a lo largo del periodo del alcalde Héctor Insúa García en el Ayuntamiento, crecieron considerablemente las cifras de los principales delitos en el municipio de Colima, entre ellos homicidio doloso, violación, amenazas, lesiones, así como robos a casa habitación, a negocios y de vehículos.
Los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indican que en 2015 se cometió un total de 39 asesinatos en la capital del estado, mientras que en el lapso de enero a octubre de 2017 ya se habían registrado 99 casos.
El delito de violación se incrementó notablemente, de 4 denunciados hace dos años hasta 26 contabilizados en lo que va del presente año. Lo mismo pasó con amenazas y lesiones, que pasaron de un número similar de 36 en 2015 a 587 y 329 acumulados en los primeros diez meses del actual año, respectivamente.
Los robos también crecieron significativamente: el de casa habitación se elevó en ese mismo periodo de 451 a 683 casos; el de negocios de 33 a 300 y el de vehículos pasó de 348 a 600.
En mayo de este año, el alcalde de Colima compareció ante el Congreso del Estado para exponer a los diputados la situación del municipio en materia de inseguridad y violencia.
Ante los legisladores, el edil aseveró que históricamente la responsabilidad de la seguridad en el municipio de Colima recae sobre el Gobierno del Estado y que incluso así lo marca el convenio vigente donde el hoy gobernador, Ignacio Peralta, cuando era alcalde de ese municipio, y el exgobernador Mario Anguiano acordaron ratificar ese compromiso.
El diputado Nicolás Contreras le cuestionó que si desconoce la responsabilidad del municipio en materia de seguridad a partir de lo señalado en la reforma constitucional del 30 de septiembre del año 2000, con qué facultad legal el municipio sanciona y recauda las multas correspondientes a ese rubro.
Héctor Insúa respondió en esa ocasión que él nunca se ha negado a ejercer la atribución de la seguridad, “incluso, referí tres antecedentes uno en los treintas, otro en los sesentas y uno posterior a la reforma del 99 en donde nosotros hemos solicitado al gobierno estatal que se otorgue, incluso yo en la primera parte de mi intervención decía que estamos en la mejor disposición de asumir esta atribución”.
Los diputados también le cuestionaron al alcalde su postura en campaña en el sentido de que el municipio debería comenzar a asumir sus funciones en materia de seguridad, y que un mes después de asumir el puesto declaró que la seguridad era responsabilidad del gobierno estatal.
Al final de la reunión, Insúa García se quejó de que éta se desarrolló bajo un esquema acartonado y lamentó que no le hayan dado oportunidad de contestar de manera detallada las preguntas.
Por su parte, el diputado Contreras dio a conocer un posicionamiento en el que calificó como “vergonzoso y preocupante cómo el alcalde hoy se escuda en un artículo transitorio, que seguramente desconocía cuando asumió compromisos en materia de seguridad y sin embargo utiliza parcialmente ese mismo artículo para recibir recursos por un servicio que ‘no es responsabilidad de él’, como son el Fortamun y Fortaseg, así como los jugosos ingresos por multas y sanciones administrativas que bajo ninguna
circunstancia debería estar recibiendo si la seguridad pública no fuera su responsabilidad”.
Además, calificó como “una actitud cómoda ‘nadar de muertito’ y permanecer indolente mientras la sangre y la violencia se derraman en nuestro municipio generando intranquilidad entre la población”.
Nicolás Contreras también consideró “lamentable la soberbia y arrogancia del munícipe para admitir la irresponsabilidad y el mal papel que ha desempeñado la autoridad municipal en esta materia”, y exhortó al alcalde para que “honre la palabra que empeñó ante quienes lo eligieron” o que “en su defecto si no puede que clarifique su posición al respecto y renuncie a todos los beneficios que recibe por un servicio que cómodamente rechaza brindar y se desmarca”.