Autor: Territorio
El arquitecto Fernando Morán Rodríguez, exsecretario de Desarrollo Urbano del gobierno estatal en el sexenio de Mario Anguiano Moreno, podría ser inhabilitado para ocupar cargos públicos por un periodo de 10 años, de acuerdo con la propuesta del informe de la auditoría especial del periodo 2013-2015, elaborada por el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (Osafig).
Morán, quien actualmente es regidor del Ayuntamiento de Manzanillo, es señalado junto con el exsecretario de Fomento Económico, Rafael Gutiérrez Villalobos, de haber omitido su responsabilidad de realizar las acciones preventivas de vigilancia para el cumplimiento del Convenio de Cooperación celebrado con la empresa NPG LATAM, S.A. de C.V. para la instalación de una fábrica ensambladora de televisiones en el municipio de Tecomán.
Esta ausencia de vigilancia tuvo como consecuencia el incumplimiento de la empresa en la aplicación de los financiamientos y demás recursos económicos por 30 millones de pesos otorgados por el Sistema Estatal de Financiamiento para el Desarrollo Económico del Estado de Colima (Sefidec), para la ejecución de las obras de infraestructura y de operación de la fábrica.
Gutiérrez Villalobos había sido designado como coordinador responsable por parte del Poder Ejecutivo del Estado para comprobar el destino de los recursos otorgados y el cumplimiento de las acciones para la implementación del proyecto y creación de empleos, con base en el convenio, mientras que Morán Rodríguez fue designado para verificar en coordinación con el secretorio de Fomento Económico la inversión de los recursos y elaboración de los dictámenes correspondientes para el cumplimiento del convenio.
Por lo anterior, en su informe especial de auditoría el Osafig propuso la inhabilitación de los dos exfuncionarios para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público durante los próximos diez años.
Si esta sanción se concreta, Fernando Morán, quien antes también fue secretario de Turismo del gobierno estatal, vería acabada su carrera política, pues al igual que Rafael Gutiérrez Villalobos estaría imposibilitado para ocupar nuevos puestos de elección popular o cargos en la administración pública.
Según la revisión fiscal, se comprobó que ha existido ineficiencia en el cobro y combate de rezago crediticio en el Sefidec, por lo cual su recuperación no se aplicó eficientemente a cubrir los objetivos de la entidad.
Como resultado de la auditoría, se determinó que hubo importantes debilidades que pusieron en riesgo la gestión de la entidad, el cumplimiento de objetivos y su patrimonio, al disponer de recursos públicos de una cuenta bancaria a nombre de Sefidec, la cual deliberadamente no fue registrada en la contabilidad del ente auditado, operándola de manera discrecional durante aproximadamente 19 meses, violando la ley.
De la misma manera, el Osafig llegó a la conclusión de que existen elementos suficientes para concluir que las cantidades de dinero que fueron retiradas de la cuenta mediante cheques cobrados en efectivo constituyen un desvío injustificado e ilegal de recursos económicos de los cuales se han determinado las presuntas responsabilidades.
Además de Fernando Morán y Rafael Gutiérrez, el órgano fiscalizador también propone sanciones contra Blanca Isabel Ávalos Fernández, exdirectora general, y Gabriel Valdovinos Vázquez, exdirector de Administración y Finanzas, ambos exservidores públicos del Sefidec, por autorizar y otorgar financiamientos y recursos económicos por 13 millones de pesos a la empresa NPG LATAM, S.A. de C.V. sin autorización previa de la Junta de Gobierno del Sefidec y sin garantizar adecuadamente la recuperación de los créditos otorgados y sin contar con el estudio de factibilidad, perfil del proyecto y estados financieros, de conformidad con las Reglas de Operación del Fideicomiso.
El Osafig propuso también la inhabilitación para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público durante 5 años para Haydee Quintero Vázquez, ex directora general y Cristina Cobián Torres, exdirectora de Finanzas y Administración, ambas ex servidoras públicas del Sefidec, por autorizar y otorgar financiamientos y recursos económicos por 17 millones de pesos a la empresa NPG LATAM, S.A. de C.V. en las mismas condiciones que el caso anterior